miércoles, 26 de septiembre de 2018




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Fuente: Corte Nacional Electoral - Google

LO INDÍGENA POPULAR COMO EJE DE LA ALTERNATIVA

Por: Nicómedes Sejas T.

La ley de organizaciones políticas ha devuelto a los partidos el protagonismo de mediación entre el Estado y la sociedad, un mecanismo de la democracia representativa  que no ha podido ser definitivamente superada por la llamada democracia participativa y directa. Está forzando a los partidos a salir de su anomia, a despertar de su letargo durante el cual  un solo partido ha ocupado todo el espectro político durante más de una década. No fue precisamente la caída de popularidad del partido gobernante el despertador de los partidos y de sus líderes, fue la nueva ley que sonó como un  timbre, un llamado a sus deberes formales de presentar sus listas de militantes,  elegir a sus candidatos para las próximas elecciones, y en gran medida legitimar el sistema político. Los partidos no pueden negarse a participar en el proceso electoral sin el riesgo de perder su existencia y su razón de ser, y están obligados a acatar las reglas  aprobadas con las formalidades procedimentales de la Asamblea Legislativa sin ninguna oportunidad para modificarlas, ni de rebelarse contra las rigideces de una agenda electoral diseñada según los intereses del oficialismo.

La maniobra del mas presiona a la potencial oposición, sin dar tiempo para  soñar con una nueva Bolivia, a pensar en una alternativa real, incluso  a tener por naturales las distorsiones de las banderas del movimiento indígena. Las ideologías surgidas en tiempos del liberalismo colonial nunca comprendieron  la perspectiva anticolonial de la historia de Bolivia. El socialismo construyó su estrategia revolucionaria con un sujeto motor ficticio, la clase obrera, que sólo existía en su imaginación, ó  la teoría  que la suponía; el liberalismo colonial tampoco percibió al indio más que en términos sepulvedianos, un sub humano, un lastre para el progreso y la modernización occidental. El prejuicio como ideología ocupó el lugar de la teoría.

Ya sabemos que el Mas llegó al poder sobre la ola de descontento social y la crisis de representatividad indígena popular de los partidos. La frustración y el rechazo contra los partidos tradicionales movilizó al electorado indígena popular a votar masivamente contra los partidos tradicionales, con la esperanza de que un candidato de origen indígena,  con la aureola de moralidad indígena, moralizara  la política; podía ser la solución largamente esperada para la profundización de la democracia  en una perspectiva intercultural. La principal reforma democratizadora de la década del 90, la ley de participación popular, promovió al candidato de origen indígena con el formato de una amplia alianza corporativa con las organizaciones sociales. Para la cúpula del Mas acceder al poder no fue una elección cualquiera, sino una verdadera captura del poder, al igual que en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, claro está, con los matices del caso.  

Los fundadores del Mas, los cocaleros, los campesinos, dirigentes y otras organizaciones, fueron el medio para llegar al poder y, una vez en él, sus socios de la vieja izquierda se apropiaron con pretensiones de ejercerlo indefinidamente. Para el Mas su mayor patrimonio político es su candidato indígena, convertido en caudillo insustituible, es el punto de unión entre el partido y sus electores, aunque también es un Presidente que no gobierna. Se ha establecido un nivel de empatía entre el caudillo indígena y los electores como un vínculo identitario, cuya eficacia electoral rebasa los costos sociales y los costos económicos que suponen la corrupción, pero sobre todo, los efectos perversos de la desinstitucionalización del Estado. El Mas asume cierta amoralidad revolucionaria por la que la Constitución y las leyes sólo se acatan  si éstas  contribuyen a la conservación del poder, desplazando a un segundo plano la esperanza de sus propios electores. Su carta más inmediata es la Ley de Organizaciones Políticas, con el cálculo de impedir la competencia en sus  afanes  re-electoralistas, al introducir un incordio   entre las “plataformas” y los partidos. Pero tampoco es impensable que  las elecciones  del 2019 terminen en otro fracaso para el Mas, como el referendo del 21F (2016), convocado antes de  extinguirse los últimos estertores de la celebración de las elecciones nacionales, con un incuestionable No a la re-reelección, recurriendo acto seguido al TCP para allanar la repostulación de sus caudillos, mediante un fallo basado en una mañosa interpretación del art. 23 del Pacto de San José, provocando un rechazo generalizado de la ciudadanía. Así mismo, el Mas está decidido a usar propagandísticamente el fallo de La Haya, con el discurso que el mar nos une, o incluso proyectando el sofisma de que el apoyo al Mas se convierte en una condición de éxito de nuestra demanda marítima. Es muy posible que en última instancia  el Mas recurra a  torcer las reglas electorales  si fuera necesario para declararse ganador; entre tanto el discurso exitista de su gestión pueda muy bien disimular su inconsecuencia con los objetivos políticos del movimiento indígena popular que lo llevó al poder.

La oposición también razona en términos meramente electorales, se suma al afán de la búsqueda del poder por el poder, sin ninguna razón ideológica, ni una utopía que realizar; en su aspiración de poder no existe el fin ético y político, o se da por sentado  que el fin político ya fue resuelto por el modelo occidental de progreso propuesto por los modernistas; de modo que todo su esfuerzo gira en torno a las estrategias de cómo alcanzar el poder:  superar la temida sobrevivencia y de ser capaz  arrebatárselo al Mas.

Las estadísticas están jugando un papel muy importante en la actual coyuntura electoral, tiene un efecto imposible de ignorar; a tal punto que las primeras escaramuzas entre oficialismo y oposición sólo se las puede apreciar en las encuestas conocidas. Las opciones de la oposición están siendo definidas por el supuesto apoyo que van logrando los potenciales candidatos, haciendo una interpretación  muy técnica de las inestables curvas de subidas y bajadas, pero insuficientes para sondear la subjetividad del electorado.

La pugna  electoral debe remitirnos a las causas que explican la lealtad de los electores del Mas y la formación de una nueva mayoría de electores que esperaran ansiosamente una oportunidad para la alternabillidad. Las “Plataformas” son los núcleos más activos de una embrionaria forma de representación popular, pero no son toda la mayoría descontenta; los partidos que han renovado su mandato de mediación en virtud de la ley de organizaciones políticas, no están en condiciones de asumir el reto de ser la alternativa de poder, a menos que tomen conciencia de la importancia de resolver sus problemas de representatividad indígena popular. La chequera puede ser importante, pero carece de un poder mágico. El electorado espera un candidato que sea la verdadera alternativa  por el que pueda votar sin volver al pasado.
LP, 25/09/2018















martes, 18 de septiembre de 2018

LA ALTERNABILIDAD, UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA


LA ALTERNABILIDAD, UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA

Por: Nicómedes Sejas T.

El Mas es una organización política que ha hecho suya la tradición centralista de sus militantes de la vieja izquierda. De éste centralismo a su caudillismo había un solo paso, y el Mas nunca dudó en dar ese paso. La excusa fue el cambio, un concepto ambiguo y comprensivo, con el que pretende justificar un pragmatismo en materia de políticas económicas y sociales. El colchón económico originado en la gestión de anteriores gobiernos y la exportación de materias primas con precios altos le permitió presumir de logros económicos inéditos, durante más de una década, de continuar con las políticas redistributivas para mitigar la pobreza, con los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, renta dignidad y los estímulos en efectivo a los bachilleres sobresalientes. El discurso demagógico oficialista pareció tener correspondencia con los datos de la realidad.

El cambio más trascendental presentado por la propaganda oficialista fue el supuesto “pachacuti” del indígena, que desde su comunidad había llegado a la presidencia de la nación, dignificando al indígena, cumpliendo  la predicción de Tupaj Katari, uno de los mayores líderes de la lucha anticolonial del movimiento indígena del S. XVIII. Parecía que el mito se hacía realidad. Una vez más, el anticolonialismo del movimiento indígena fue traicionado, porque el presidente de origen indígena fue cooptado por los viejos izquierdistas convertidos al indigenismo y convirtiendo al defensor de la coca excedentaria en su líder y caudillo insustituible.

Los indigenistas de izquierda, que antes del 2005 llegaron al poder como socios minoritarios  de los partidos tradicionales, quedaron encantados con el poder que el voto indígena popular ponía en sus manos. Ejercieron  el poder a nombre del indio con una soberanía inusual, más allá del marco jurídico establecido en la Constitución y las leyes, o reinterpretándolas a su antojo, como la reelección indefinida confundida con los derechos humanos. El Estado de derecho quedó confinado al papel, los órganos supeditados a la voluntad del Ejecutivo.

La democracia quedó congelada en el apoyo electoral, los dos tercios del Congreso se emplea para imponer leyes, pero no para construir el Estado de Derecho ni para negociar iniciativas legislativas. Esta es la razón por la que las leyes impuestas generan descontento y resistencia, en algunos casos hasta su anulación (abrogación) como la Ley del Código Penal, la abrogación de la Ley de Intangibilidad del TIPNIS (ley 969), que fue posible únicamente  dividiendo a los habitantes de aquella zona. Algunas normas sólo provocan hilaridad, como el DS. De Renta Dignidad que no es más que el cambio de nombre del bonosol, o el DS. 28701 De  Nacionalización de Hidrocarburos, que no obstante sus radicales conceptos, no es más que de renegociación con las  trasnacionales (en otro momento veremos en qué ha quedado el 82% de participación del Estado).

Más de una década en el ejercicio del poder sin respetar nuestro marco normativo ha deteriorado las bases institucionales del sistema democrático boliviano, y las maniobras han dejado de resolver los problemas de legitimidad del gobierno, como la reciente Ley de Organizaciones Políticas. Ya es imposible para el gobierno parecer demócrata atropellando los procedimientos democráticos para conservar el poder.

La alternabilidad del poder es en el momento actual una cuestión de salud pública, como ha quedado demostrado por la experiencia reciente en los países vecinos, como Brasil, Argentina y Ecuador, donde los gobiernos que han gozado de amplia popularidad, están siendo procesados por hechos de corrupción por los nuevos gobiernos.

Por otra parte, la solución de fondo no termina en la alternabilidad, sino  en resolver la crisis de representatividad indígena-popular que arrastran los líderes tradicionales y la  democracia formal que no ha superado su sesgo colonial. 

LP, 11/09/2018.

martes, 3 de julio de 2018

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Fotografía: Globovisión.com
    
EL SOCIALISMO, EL CAMINO EQUIVOCADO DE LA DESCOLONIZACIÓN
                                                         Por Nicómedes Sejas T.
Los líderes tradicionales o de la vieja guardia simplemente soslayan referirse a la descolonización situando la acción política en una perspectiva  de modernización liberal. El movimiento ciudadano apartidista, surgido en la ola de descontento provocado por el giro autoritario del gobierno de turno, se cuida de mancharse  con el estigma de los partidos tradicionales, y en muchos casos nacidos en el seno de aquellos mismos partidos desacreditados.
En una coyuntura en la que empieza a asomarse una nueva crisis aun no se olvida las causas de la  crisis de representatividad indígena-popular de comienzos del presente siglo, en la que los partidos tradicionales, impotentes o miopes para percibir   la esencia de aquella crisis, sucumbieron ante la emergencia política del movimiento indígena, pero dejando que los socialistas ocuparan un papel de dirección, aparentando asumir los objetivos políticos  de descolonización por los que generaciones de líderes indígenas lucharon contra el colonialismo interno.
Los socialistas que nunca pasaron de ser socios menores con gobiernos “neoliberales” terminaron en el bando triunfante con las prerrogativas de un aliado estratégico de un electorado mayoritariamente indígena. Los partidos tradicionales al parecer ni se percataron que los socialistas empezaron a ganar preeminencia en el partido en ascenso hasta terminar ocupando lugares claves en la estructura del movimiento indígena y del nuevo partido en ascenso. Los líderes indígenas no tuvieron sosiego para discernir que los socialistas no eran más que  la otra cara del indigenismo, responsables de la continuidad del colonialismo interno; en aquel momento  era más importante continuar con el proceso de empoderamiento indígena hasta lograr que un par indígena llegara a la presidencia de Bolivia. La solución de la crisis de representatividad indígena-popular del sistema político tomó el curso del que se lamentarían hasta hoy aquellos mismos líderes de la partidocracia, porque de la alianza incluyente del MNR-MRTKL no sacaron ninguna lección, y en vez de profundizar las reformas democráticas descolonizadoras volvieron a sus viejas componendas simplemente electorales.
La simbiosis indígenista-socialista provocó otro bullido;  la pugna interna  entre los descolonizadores y los revolucionarios terminó favoreciendo a los segundos, y con él  la oportunidad de imponer su estrategia de descolonización con el molde del socialismo del S. XXI, que subordina los intereses del movimiento indígena a la supuesta lucha antiimperialista; de modo que coyunturalmente el movimiento indígena y la descolonización han sido desplazados por el socialismo utópico. Estos socialistas intentan emular a los proyectos  revolucionarios  al adoptar su secante centralismo político (caudillismo) y una gestión económica sesgada ideológicamente con cierto pragmatismo en su relación con la economía global; tiene los mismos recursos que otros socialistas del Continente (Cuba, Nicaragua y Venezuela), hegemonía, control de los órganos de poder, estatismo económico y desinstitucionalización democrática.
En Bolivia el “socialismo comunitario”, al pretender conducirse como gobierno revolucionario, arremete contra todo vestigio institucional republicano, como  librando su batalla decisiva  contra el Estado colonial y “neoliberal”. En este objetivo de desmontaje ha convertido al Estado en un aparato de transición, con el monopolio de imponer su voluntad partidaria  por encima de la Constitución y las leyes –intervención violenta contra los marchistas en Chaparina, la modificación del Art. 168 mediante la SCP 0084 en contra de la voluntad popular del 21F con el único propósito de la re-re-reelección de los caudillos del mas.
Los objetivos políticos de descolonización del movimiento indígena se han diluido en las contradictorias del partido de gobierno. Después de una década el partido de gobierno, al constatar la pérdida de su hegemonía (legitimidad) no halla otro medio de mantenerse en el poder sino manipulando su instrumento preferido, como el Tribunal Constitucional, dispuesto a dictar sentencias favorables al poder sin importar que sean violatorias de  la Constitución.
El “socialismo comunitario” se ha vuelto inviable, no puede ser revolucionario y tampoco descolonizador: no es posible la revolución socialista, como tampoco es posible la descolonización por la vía socialista.
LP, 13/04/2018

jueves, 14 de junio de 2018


EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
Emilio Tancara Mamani
Todos los ciudadanos bolivianos miramos azorados, perplejos y anonadados como el Movimiento Universitarios de la ciudad de El Alto, viene desarrollando sus movilizaciones desde su Sede ubicado en la zona de Villa Esperanza, en busca de un mejor presupuesto para su funcionamiento.
La creación de la UPEA de la ciudad de El Alto, no fue dádiva de ningún Gobierno de turno que administra el Estado colonial, más al contrario, cada gobierno de turno se opuso tajantemente a la creación de la UPEA. Porque la creación de esta Universidad, permite a los hijos de la sociedad milenaria del Tawantinsuyu, reivindicar su verdadera Identidad Nacional y Cultural. Por eso a toda costa, la casta colonial de los criollos y mestizos, querían evitar su creación, porque sería el inicio de la destrucción de los intereses y privilegios de la casta colonial del sistema del colonialismo interno.
No olvidemos que los criollos y mestizos, consideraban y nos consideran, a los aymaras, quechuas y pueblos amazónicos, como seres útiles para servir al patrón en las haciendas, obrajes y en los campos de la ganadería. Por esa situación, a través del Estado, propugnaban solo la creación como Facultad Técnica para mejorar la mano de obra barata, para que sigamos sirviendo a estos criollos y mestizos. A esta situación se debe la férrea oposición del Estado para la creación de nuestra Universidad.
A los criollos y mestizos, no les convenía crear una Universidad para nuestros hijos, porque el estudio era el inicio para romper con la ignorancia de nuestro pueblo sometido por más de 500 años, hasta convertirnos en simples parias en nuestro propio territorio. Esta situación, se mantiene hasta el presente. Por eso nuestros hermanos, hoy son simples pongos políticos de estos criollos y mestizos de la izquierda colonial.
En ese sentido, después de tantas movilizaciones, marchas, huelgas de hambre y otras formas de lucha anticolonial, finalmente se crea la Universidad Pública de El Alto, mediante la Ley 2115 de 5 de septiembre del año 2000.
Una vez creada la Universidad, también era urgente que se integre al Sistema Universitario para que tenga Autonomía plena. Esta lucha continúa y después de la sublevación de los aymaras quechuas del año 2003, se logra el pleno reconocimiento de la Autonomía Universitaria, que fue promulgada mediante Ley 2556 del 12 de noviembre de 2003. Posteriormente, la UPEA es reconocida por la VII Conferencia Nacional de Universidades realizada en la ciudad de Cochabamba, en fecha 6 de abril de 2004, dentro del marco del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.
Sin embargo, nuestra Universidad, sigue siendo discriminada y marginada por el Estado colonial, a eso se debe, las últimas movilizaciones para conseguir un mejor presupuesto, pero, con un saldo fatal, el asesinato del universitario Jonathan Quispe Vila, estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social, por parte del aparato represivo del Estado, la Policía.
Lo que corresponde es que la UPEA, debe recibir el presupuesto del Estado, como todas las universidades del sistema, sin discriminación alguna, conforme establece la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su Art. 92, que refiere: Artículo 92. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía.
De la misma forma, esta Norma Suprema del Estado, en su Art. 93, establece: Artículo 93. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.
Después de este proceso revolucionario de los estudiantes universitarios aymaras quechuas movilizados para conseguir un mejor presupuesto, las autoridades de la UPEA, deben trabajar para su institucionalización, para que a través de la convocatoria pública de concurso de méritos y examen de competencia, dotar de nuevos docentes y catedráticos, para elevar el nivel académico y cultural de los estudiantes universitarios.
EA-12/06/2018

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