LA ALTERNABILIDAD, UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
Por: Nicómedes Sejas T.
El Mas es una organización política que ha hecho suya la tradición
centralista de sus militantes de la vieja izquierda. De éste centralismo a su
caudillismo había un solo paso, y el Mas nunca dudó en dar ese paso. La excusa
fue el cambio, un concepto ambiguo y comprensivo, con el que pretende
justificar un pragmatismo en materia de políticas económicas y sociales. El
colchón económico originado en la gestión de anteriores gobiernos y la exportación
de materias primas con precios altos le permitió presumir de logros económicos
inéditos, durante más de una década, de continuar con las políticas
redistributivas para mitigar la pobreza, con los bonos Juancito Pinto, Juana
Azurduy, renta dignidad y los estímulos en efectivo a los bachilleres
sobresalientes. El discurso demagógico oficialista pareció tener
correspondencia con los datos de la realidad.
El cambio más trascendental presentado por la propaganda oficialista
fue el supuesto “pachacuti” del indígena, que desde su comunidad había llegado
a la presidencia de la nación, dignificando al indígena, cumpliendo la predicción de Tupaj Katari, uno de los
mayores líderes de la lucha anticolonial del movimiento indígena del S. XVIII.
Parecía que el mito se hacía realidad. Una vez más, el anticolonialismo del
movimiento indígena fue traicionado, porque el presidente de origen indígena
fue cooptado por los viejos izquierdistas convertidos al indigenismo y
convirtiendo al defensor de la coca excedentaria en su líder y caudillo
insustituible.
Los indigenistas de izquierda, que antes del 2005 llegaron al poder
como socios minoritarios de los partidos
tradicionales, quedaron encantados con el poder que el voto indígena popular
ponía en sus manos. Ejercieron el poder
a nombre del indio con una soberanía inusual, más allá del marco jurídico
establecido en la Constitución y las leyes, o reinterpretándolas a su antojo,
como la reelección indefinida confundida con los derechos humanos. El Estado de
derecho quedó confinado al papel, los órganos supeditados a la voluntad del
Ejecutivo.
La democracia quedó congelada en el apoyo electoral, los dos tercios
del Congreso se emplea para imponer leyes, pero no para construir el Estado de
Derecho ni para negociar iniciativas legislativas. Esta es la razón por la que
las leyes impuestas generan descontento y resistencia, en algunos casos hasta
su anulación (abrogación) como la Ley del Código Penal, la abrogación de la Ley
de Intangibilidad del TIPNIS (ley 969), que fue posible únicamente dividiendo a los habitantes de aquella zona.
Algunas normas sólo provocan hilaridad, como el DS. De Renta Dignidad que no es
más que el cambio de nombre del bonosol, o el DS. 28701 De Nacionalización de Hidrocarburos, que no
obstante sus radicales conceptos, no es más que de renegociación con las trasnacionales (en otro momento veremos en
qué ha quedado el 82% de participación del Estado).
Más de una década en el ejercicio del poder sin respetar nuestro marco
normativo ha deteriorado las bases institucionales del sistema democrático
boliviano, y las maniobras han dejado de resolver los problemas de legitimidad
del gobierno, como la reciente Ley de Organizaciones Políticas. Ya es imposible
para el gobierno parecer demócrata atropellando los procedimientos democráticos
para conservar el poder.
La alternabilidad del poder es en el momento actual una cuestión de
salud pública, como ha quedado demostrado por la experiencia reciente en los
países vecinos, como Brasil, Argentina y Ecuador, donde los gobiernos que han
gozado de amplia popularidad, están siendo procesados por hechos de corrupción
por los nuevos gobiernos.
Por otra parte, la solución de fondo no termina en la alternabilidad,
sino en resolver la crisis de
representatividad indígena-popular que arrastran los líderes tradicionales y
la democracia formal que no ha superado
su sesgo colonial.
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