miércoles, 26 de septiembre de 2018




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Fuente: Corte Nacional Electoral - Google

LO INDÍGENA POPULAR COMO EJE DE LA ALTERNATIVA

Por: Nicómedes Sejas T.

La ley de organizaciones políticas ha devuelto a los partidos el protagonismo de mediación entre el Estado y la sociedad, un mecanismo de la democracia representativa  que no ha podido ser definitivamente superada por la llamada democracia participativa y directa. Está forzando a los partidos a salir de su anomia, a despertar de su letargo durante el cual  un solo partido ha ocupado todo el espectro político durante más de una década. No fue precisamente la caída de popularidad del partido gobernante el despertador de los partidos y de sus líderes, fue la nueva ley que sonó como un  timbre, un llamado a sus deberes formales de presentar sus listas de militantes,  elegir a sus candidatos para las próximas elecciones, y en gran medida legitimar el sistema político. Los partidos no pueden negarse a participar en el proceso electoral sin el riesgo de perder su existencia y su razón de ser, y están obligados a acatar las reglas  aprobadas con las formalidades procedimentales de la Asamblea Legislativa sin ninguna oportunidad para modificarlas, ni de rebelarse contra las rigideces de una agenda electoral diseñada según los intereses del oficialismo.

La maniobra del mas presiona a la potencial oposición, sin dar tiempo para  soñar con una nueva Bolivia, a pensar en una alternativa real, incluso  a tener por naturales las distorsiones de las banderas del movimiento indígena. Las ideologías surgidas en tiempos del liberalismo colonial nunca comprendieron  la perspectiva anticolonial de la historia de Bolivia. El socialismo construyó su estrategia revolucionaria con un sujeto motor ficticio, la clase obrera, que sólo existía en su imaginación, ó  la teoría  que la suponía; el liberalismo colonial tampoco percibió al indio más que en términos sepulvedianos, un sub humano, un lastre para el progreso y la modernización occidental. El prejuicio como ideología ocupó el lugar de la teoría.

Ya sabemos que el Mas llegó al poder sobre la ola de descontento social y la crisis de representatividad indígena popular de los partidos. La frustración y el rechazo contra los partidos tradicionales movilizó al electorado indígena popular a votar masivamente contra los partidos tradicionales, con la esperanza de que un candidato de origen indígena,  con la aureola de moralidad indígena, moralizara  la política; podía ser la solución largamente esperada para la profundización de la democracia  en una perspectiva intercultural. La principal reforma democratizadora de la década del 90, la ley de participación popular, promovió al candidato de origen indígena con el formato de una amplia alianza corporativa con las organizaciones sociales. Para la cúpula del Mas acceder al poder no fue una elección cualquiera, sino una verdadera captura del poder, al igual que en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, claro está, con los matices del caso.  

Los fundadores del Mas, los cocaleros, los campesinos, dirigentes y otras organizaciones, fueron el medio para llegar al poder y, una vez en él, sus socios de la vieja izquierda se apropiaron con pretensiones de ejercerlo indefinidamente. Para el Mas su mayor patrimonio político es su candidato indígena, convertido en caudillo insustituible, es el punto de unión entre el partido y sus electores, aunque también es un Presidente que no gobierna. Se ha establecido un nivel de empatía entre el caudillo indígena y los electores como un vínculo identitario, cuya eficacia electoral rebasa los costos sociales y los costos económicos que suponen la corrupción, pero sobre todo, los efectos perversos de la desinstitucionalización del Estado. El Mas asume cierta amoralidad revolucionaria por la que la Constitución y las leyes sólo se acatan  si éstas  contribuyen a la conservación del poder, desplazando a un segundo plano la esperanza de sus propios electores. Su carta más inmediata es la Ley de Organizaciones Políticas, con el cálculo de impedir la competencia en sus  afanes  re-electoralistas, al introducir un incordio   entre las “plataformas” y los partidos. Pero tampoco es impensable que  las elecciones  del 2019 terminen en otro fracaso para el Mas, como el referendo del 21F (2016), convocado antes de  extinguirse los últimos estertores de la celebración de las elecciones nacionales, con un incuestionable No a la re-reelección, recurriendo acto seguido al TCP para allanar la repostulación de sus caudillos, mediante un fallo basado en una mañosa interpretación del art. 23 del Pacto de San José, provocando un rechazo generalizado de la ciudadanía. Así mismo, el Mas está decidido a usar propagandísticamente el fallo de La Haya, con el discurso que el mar nos une, o incluso proyectando el sofisma de que el apoyo al Mas se convierte en una condición de éxito de nuestra demanda marítima. Es muy posible que en última instancia  el Mas recurra a  torcer las reglas electorales  si fuera necesario para declararse ganador; entre tanto el discurso exitista de su gestión pueda muy bien disimular su inconsecuencia con los objetivos políticos del movimiento indígena popular que lo llevó al poder.

La oposición también razona en términos meramente electorales, se suma al afán de la búsqueda del poder por el poder, sin ninguna razón ideológica, ni una utopía que realizar; en su aspiración de poder no existe el fin ético y político, o se da por sentado  que el fin político ya fue resuelto por el modelo occidental de progreso propuesto por los modernistas; de modo que todo su esfuerzo gira en torno a las estrategias de cómo alcanzar el poder:  superar la temida sobrevivencia y de ser capaz  arrebatárselo al Mas.

Las estadísticas están jugando un papel muy importante en la actual coyuntura electoral, tiene un efecto imposible de ignorar; a tal punto que las primeras escaramuzas entre oficialismo y oposición sólo se las puede apreciar en las encuestas conocidas. Las opciones de la oposición están siendo definidas por el supuesto apoyo que van logrando los potenciales candidatos, haciendo una interpretación  muy técnica de las inestables curvas de subidas y bajadas, pero insuficientes para sondear la subjetividad del electorado.

La pugna  electoral debe remitirnos a las causas que explican la lealtad de los electores del Mas y la formación de una nueva mayoría de electores que esperaran ansiosamente una oportunidad para la alternabillidad. Las “Plataformas” son los núcleos más activos de una embrionaria forma de representación popular, pero no son toda la mayoría descontenta; los partidos que han renovado su mandato de mediación en virtud de la ley de organizaciones políticas, no están en condiciones de asumir el reto de ser la alternativa de poder, a menos que tomen conciencia de la importancia de resolver sus problemas de representatividad indígena popular. La chequera puede ser importante, pero carece de un poder mágico. El electorado espera un candidato que sea la verdadera alternativa  por el que pueda votar sin volver al pasado.
LP, 25/09/2018















martes, 18 de septiembre de 2018

LA ALTERNABILIDAD, UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA


LA ALTERNABILIDAD, UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA

Por: Nicómedes Sejas T.

El Mas es una organización política que ha hecho suya la tradición centralista de sus militantes de la vieja izquierda. De éste centralismo a su caudillismo había un solo paso, y el Mas nunca dudó en dar ese paso. La excusa fue el cambio, un concepto ambiguo y comprensivo, con el que pretende justificar un pragmatismo en materia de políticas económicas y sociales. El colchón económico originado en la gestión de anteriores gobiernos y la exportación de materias primas con precios altos le permitió presumir de logros económicos inéditos, durante más de una década, de continuar con las políticas redistributivas para mitigar la pobreza, con los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, renta dignidad y los estímulos en efectivo a los bachilleres sobresalientes. El discurso demagógico oficialista pareció tener correspondencia con los datos de la realidad.

El cambio más trascendental presentado por la propaganda oficialista fue el supuesto “pachacuti” del indígena, que desde su comunidad había llegado a la presidencia de la nación, dignificando al indígena, cumpliendo  la predicción de Tupaj Katari, uno de los mayores líderes de la lucha anticolonial del movimiento indígena del S. XVIII. Parecía que el mito se hacía realidad. Una vez más, el anticolonialismo del movimiento indígena fue traicionado, porque el presidente de origen indígena fue cooptado por los viejos izquierdistas convertidos al indigenismo y convirtiendo al defensor de la coca excedentaria en su líder y caudillo insustituible.

Los indigenistas de izquierda, que antes del 2005 llegaron al poder como socios minoritarios  de los partidos tradicionales, quedaron encantados con el poder que el voto indígena popular ponía en sus manos. Ejercieron  el poder a nombre del indio con una soberanía inusual, más allá del marco jurídico establecido en la Constitución y las leyes, o reinterpretándolas a su antojo, como la reelección indefinida confundida con los derechos humanos. El Estado de derecho quedó confinado al papel, los órganos supeditados a la voluntad del Ejecutivo.

La democracia quedó congelada en el apoyo electoral, los dos tercios del Congreso se emplea para imponer leyes, pero no para construir el Estado de Derecho ni para negociar iniciativas legislativas. Esta es la razón por la que las leyes impuestas generan descontento y resistencia, en algunos casos hasta su anulación (abrogación) como la Ley del Código Penal, la abrogación de la Ley de Intangibilidad del TIPNIS (ley 969), que fue posible únicamente  dividiendo a los habitantes de aquella zona. Algunas normas sólo provocan hilaridad, como el DS. De Renta Dignidad que no es más que el cambio de nombre del bonosol, o el DS. 28701 De  Nacionalización de Hidrocarburos, que no obstante sus radicales conceptos, no es más que de renegociación con las  trasnacionales (en otro momento veremos en qué ha quedado el 82% de participación del Estado).

Más de una década en el ejercicio del poder sin respetar nuestro marco normativo ha deteriorado las bases institucionales del sistema democrático boliviano, y las maniobras han dejado de resolver los problemas de legitimidad del gobierno, como la reciente Ley de Organizaciones Políticas. Ya es imposible para el gobierno parecer demócrata atropellando los procedimientos democráticos para conservar el poder.

La alternabilidad del poder es en el momento actual una cuestión de salud pública, como ha quedado demostrado por la experiencia reciente en los países vecinos, como Brasil, Argentina y Ecuador, donde los gobiernos que han gozado de amplia popularidad, están siendo procesados por hechos de corrupción por los nuevos gobiernos.

Por otra parte, la solución de fondo no termina en la alternabilidad, sino  en resolver la crisis de representatividad indígena-popular que arrastran los líderes tradicionales y la  democracia formal que no ha superado su sesgo colonial. 

LP, 11/09/2018.